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5.1 Fortalecimiento de la democracia

En un sistema democrático, quien resulta favorecido por el voto ciudadano está obligado a gobernar para todos, porque asume el mandato de quienes le dieron su apoyo en las urnas, pero también tiene el compromiso de atender las demandas y opiniones de quienes sufragaron por otra opción política. La regla de la mayoría no puede oponerse al respeto a las minorías. Por ello, el sistema democrático es el espacio para promover el diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales, así como para impulsar los acuerdos políticos entre ellas con miras al bienestar colectivo. La búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales y a las legítimas demandas ciudadanas, es responsabilidad de todos los mexicanos. El gran reto de la democracia efectiva es traducir la voluntad ciudadana en justicia social mediante leyes y programas que contribuyan no sólo al fortalecimiento de este sistema de gobierno y a la vigencia del Estado de Derecho, sino al avance en el bienestar de todos los grupos sociales de todas las regiones del país.

OBJETIVO 1
Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.

Para el logro de este objetivo se plantean seis estrategias:

ESTRATEGIA 1.1 Fortalecer el diálogo, la conciliación y la negociación con los actores políticos y sociales que conforman la pluralidad nacional.

La estrategia se encamina a propiciar acuerdos en lo esencial, bajo la premisa de que el interés supremo de la nación se encuentra por encima de cualquier diferencia política. En la pluralidad es posible encontrar puntos de acuerdo mirando siempre por el bien común, sin abandonar ideales ni convicciones políticas.

El Ejecutivo ha asumido plenamente la responsabilidad de superar los desencuentros, privilegiando el diálogo para analizar y resolver conjuntamente los problemas de México. De manera complementaria, se empeña en un proceso de negociación franca y abierta con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, a fin de crear, de manera conjunta, las condiciones necesarias para los acuerdos y las reformas de fondo que demanda el progreso de la nación.

ESTRATEGIA 1.2 Fortalecer la gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad con que cuentan los representantes populares para tomar decisiones de manera eficaz, a través de la construcción de una agenda nacional sobre las grandes prioridades del país.

Esta estrategia estará encaminada a la creación de una agenda nacional sobre los grandes acuerdos que demanda México y en los que es fundamental la participación de los tres poderes y la cooperación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. La finalidad es reconocer al pluralismo como el mandato de las urnas y lograr acuerdos en lo esencial sobre los grandes temas prioritarios, a través de un esquema de negociación política transparente de cara a los ciudadanos, bajo premisas de equidad y reciprocidad.

ESTRATEGIA 1.3 Promover una nueva cultura democrática a través de la asimilación de las prácticas y los valores democráticos como la legalidad, el diálogo, la tolerancia, la civilidad, la igualdad, la transparencia y la responsabilidad en los diversos ámbitos de la vida nacional.

La difusión de una nueva cultura democrática debe estar orientada a lograr que el ciudadano esté consciente de que la democracia no se agota en el ámbito electoral, sino que se extiende a muchos otros órdenes de la vida social. Los valores y prácticas democráticas deben permear en distintas organizaciones sociales: como los sindicatos, los organismos empresariales, las organizaciones civiles y las juntas vecinales, entre otras. La tolerancia, la participación en la toma de decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a las creencias, opiniones y formas de vida diversas, junto con el apego a la legalidad, son conductas que distinguen a una sociedad efectivamente democrática, donde la formación de ciudadanos críticos, responsables, informados y comprometidos con el bienestar social, es un activo fundamental.

ESTRATEGIA 1.4
Garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los ciudadanos.

México es un país cada vez más libre. La encuesta anual "Libertad en el Mundo" de la organización no gubernamental internacional Freedom House, califica los derechos políticos y las libertades civiles en México con 2 y 3, respectivamente, en una escala de 1 a 7, donde 1 representa la vigencia plena de derechos y libertades y 7 la ausencia de éstos 2. Sin embargo, el país presenta aún graves rezagos para consolidar los derechos políticos y libertades civiles de todos los ciudadanos. La pobreza, la marginación y la desigualdad son factores que inhiben el pleno ejercicio de los derechos y libertades. Por ello, el Gobierno ratifica su determinación para reducir la desigualdad social, combatir la discriminación y abatir la pobreza con la finalidad de fortalecer a la sociedad civil. Una sociedad civil fuerte e instituciones sólidas que guían su actuación en el Estado de Derecho son dos elementos esenciales para garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los mexicanos.

La libertad de expresión es fundamental para la consolidación del México democrático. El Poder Ejecutivo está comprometido con la defensa de esta conquista histórica, por lo que reconoce la labor que realizan los periodistas y los medios de comunicación, a la vez que se identifica con el respeto a la privacidad, el honor y la reputación de las personas, sin que ello implique coartar la libertad de quienes contribuyen al elevado deber de mantener informada a la población. Por ello, el Gobierno Federal ratifica su determinación de propiciar mejores condiciones de seguridad para el desempeño de la labor periodística.

La consolidación de un régimen democrático requiere del arraigo de valores cívicos en la sociedad, como la tolerancia, el pluralismo y la inclusión. En este sentido, el Estado garantizará la no discriminación, las libertades religiosas y de pensamiento.

ESTRATEGIA 1.5
Participar de forma activa y promover un diálogo responsable con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos y organizaciones políticas y la sociedad en el debate sobre la reforma del Estado. 

La insatisfacción ciudadana por la ineficacia del régimen democrático para producir bienestar social ha generado un amplio debate, a nivel nacional, sobre la necesidad de reformar el sistema político e institucional del país.

La reforma del Estado abarca una gran variedad de temas y de posturas: 1) la reforma electoral para reducir el costo financiero de las elecciones, adecuar la duración de las campañas electorales, dar mayor transparencia al gasto de los partidos políticos y fortalecer las facultades de fiscalización de los órganos electorales; 2) la unificación de los calendarios electorales en todo el país para contar con elecciones concurrentes; 3) la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales para fomentar la rendición de cuentas y promover la profesionalización; 4) la revisión en el número y la forma de integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión para afianzar la representatividad; 5) el fortalecimiento de los poderes constitucionales formales del Presidente de la República para que el mandato ciudadano se exprese con mayor eficacia en la agenda legislativa y se evite la parálisis en un gobierno dividido; 6) la transparencia total de los organismos que reciban financiamiento público en los tres órdenes de gobierno, entre muchos otros.

Cualquiera que sea el tema o los mecanismos que se discutan para la reforma del Estado, el Gobierno Federal se compromete a encauzar el debate para que los acuerdos a los que lleguen los distintos actores políticos y sociales, mejoren la representatividad del sistema democrático y la gobernabilidad, garanticen el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas.

ESTRATEGIA 1.6
Formar parte activa del diálogo con los otros poderes de la Unión, con los órdenes de gobierno, con las autoridades electorales y con las organizaciones políticas en el debate para llevar a cabo la tercera generación de reformas electorales.

Comparativamente, la democracia mexicana es una de las más caras del mundo. De acuerdo con el estudio Getting to the Core, A Global Survey on the Cost of Registration and Elections del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el costo de organizar elecciones en México es uno de los más elevados en el mundo, ya que sólo es superado por el costo que implica organizar elecciones en países bajo entornos de inestabilidad política, donde ha tenido que intervenir la ONU para reforzar la seguridad y garantizar la paz 3. La duración de las campañas electorales, la fórmula para calcular el financiamiento público para los partidos políticos, los topes de gasto de campaña, el régimen de acceso de los partidos a los medios masivos de comunicación, así como otros procedimientos que realizan las autoridades electorales para organizar las elecciones elevan sustancialmente el costo de la democracia. Por lo tanto, es necesario analizar estas variables en su conjunto y de manera sistémica para garantizar el mejor desempeño de la democracia mexicana al menor costo. Una democracia de calidad no debe ni puede ser una democracia onerosa, sobre todo si se consideran los retos en materia social que el país enfrenta.

Es necesario asegurar que los ciudadanos ejerzan su voto de forma libre e informada, de manera tal que se consolide el voto retrospectivo como un auténtico mecanismo de rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública de los gobernantes. Por lo tanto, se debe revisar el régimen de acceso a los medios de comunicación que utilizan los partidos políticos y sus candidatos utilizan para hacer llegar sus plataformas, propuestas y mensajes a los votantes; promover la calidad del debate electoral; y regular y acotar las precampañas políticas.

Para garantizar la sustentabilidad de la democracia mexicana es necesario fortalecer al sistema de partidos para que, como instrumentos fundamentales de la representación política, éstos gocen de legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía.

El Gobierno Federal será un promotor en la búsqueda de mejores mecanismos para que la democracia mexicana sea más eficiente, transparente, representativa y responsiva. La consolidación de la democracia en México es un reto irrenunciable que requiere del esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas del país. Por eso, el Gobierno Federal convoca a una agenda de diálogo, acuerdo y negociación, orientada a lograr la tercera generación de reformas que requiere el sistema político electoral. Esta agenda responde a las exigencias de la sociedad por reordenar el financiamiento público a los partidos políticos, así como la fiscalización de dichos recursos, los plazos de campaña, la regulación de las precampañas y el acceso a los medios de comunicación. El ejercicio de la vida política ha requerido, en diferentes momentos, de adaptaciones al marco jurídico del sistema democrático. Ahora que la pluralidad tiene canales eficaces para su representación, la sociedad demanda enfoques más orientados a la racionalidad en el gasto y la procuración de acuerdos. La experiencia del Instituto Federal Electoral en la organización de los procesos electorales será sin duda un activo fundamental en la construcción de esa agenda de diálogo, acuerdo y negociación, orientada a lograr las reformas electorales de tercera generación que requiere nuestro país.

2 Freedom House. (2006). Freedom in the world 2006.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e Internacional Foundation for Election Systems (IFES). (2006). Getting to the Core, A Global Survey on the Cost of Registration and Elections.